La desnutrición crónica en menores de 36 meses es de 13,8%

A propósito del Informe de Competitividad 2023 – 2024 presentado recientemente por el Consejo Privado de Competitividad, el contar con capital humano es fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo de nuestro país, para ello las políticas públicas en salud y educación son factores relevantes para ese objetivo.

La mejora de la productividad laboral implica tener una población saludable, los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) presentados por el INEI hace menos de un mes, nos alertan que la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) en menores de 36 meses es de 13,8% (incremento en 1,3 puntos porcentuales en relación al 2021) y en menores de cinco años es de 11,7%. Situación similar ocurre con la anemia. El 42,4% de niños y niñas de 6 a 35 meses de edad tiene anemia en nuestro país. Es conocido, por un estudio de León en el 2019, que la anemia y la DCI impiden que se desarrollen las conexiones neuronales, trayendo como consecuencia retraso en el desarrollo cognitivo, generando bajo desempeño escolar en el corto plazo y en el largo plazo las consecuencias están relacionadas a la baja productividad laboral.

En el estudio realizado por Monge, Campana y Gutiérrez en el año 2017, sobre el efecto de la DCI sobre el desempeño educativo, confirman que la sostenibilidad del progreso educativo depende críticamente de los progresos alcanzados en el desarrollo infantil temprano, por lo que recomiendan que es necesario provechar los espacios de articulación entre políticas de salud en el período infantil temprano y la etapa educativa en la niñez, a fin de garantizar su sostenibilidad. Hoy esa articulación está descrita en la estrategia Primero La Infancia que requiere voluntad política para fortalecer su implementación en cada uno de los departamentos del país, recogida en la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social aprobada a fines del año pasado.

Es fundamental priorizar el funcionamiento adecuado de los establecimientos de salud del primer nivel de atención, ya que son los centros a los que acuden las familias para recibir los Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) y se realiza el seguimiento nominal de cada niño y niña, en coordinación estrecha con los gobiernos locales que tienen responsabilidad en ese proceso. Por lo que fortalecer la asistencia técnica y la supervisión desde el Ministerio de Salud a los Gobiernos Regionales, en su calidad de rector de la política de salud, es absolutamente necesario.

En este punto, los datos de monitoreo publicados al 19 de junio, por el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, reflejan que los principales indicadores relacionados con atención en salud para la prevención y reducción de la anemia y DCI, se encuentran incumplidos, 15 indicadores de 21 se encuentran en rojo.

En cuanto a los compromisos en educación, la mejora de la calidad educativa sigue siendo una tarea pendiente, el Plan de Competitividad y Productividad 2019 – 2030, en el marco del objetivo prioritario 2, fortalecer el capital humano, aprobó como quinto lineamiento de política, la consolidación de la reforma magisterial y la revalorización docente. Nada más alejado de la realidad, desde el 28 de julio del 2021. En estos 18 meses, la conducción del sector educación ha tenido siete ministros, con un promedio dos meses y medio de gestión. Ésta inestabilidad viene afectando el avance de los procesos iniciados y peor aún no ha sido capaz de frenar la contrarreforma iniciada desde el Congreso, siendo que en muchos casos se ha plegado a ella.

No podemos dejar de mencionar el proyecto de ley Nº1587/2021-CR aprobado en el pleno del 21 de junio, que dispone el nombramiento automático de docentes de educación básica regular, que cuenten con tres años de contratados. Esta es una decisión que va en contra de las normas de ingreso a la carrera pública magisterial, atentando directamente contra los derechos de miles de estudiantes a nivel nacional. Es necesario que el Poder Ejecutivo lidere la defensa del derecho a una buena educación para todos, que sea firme en su posición ya que no es posible que se siga destruyendo todo lo avanzado.

Finalmente, es fundamental que por lo menos lo aprobado en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad se implemente durante el presente Gobierno, ya que parte de lo que se reporta como implementado, se desarrolló entre el 2019 y el 2020. Asimismo, lo sugerido desde el Informe de Competitividad 2023 – 2024 es clave que se tenga en cuenta, ya que de lo contrario seguiremos en franco retroceso.