El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo notificó hoy al Minsa que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la Federación Médica Peruana contra la resolución declaró la ilegalidad de la mencionada huelga. (Difusión)
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo notificó hoy al Minsa que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la Federación Médica Peruana contra la resolución declaró la ilegalidad de la mencionada huelga. (Difusión)
Alfredo Guzmán

Luego de más de un mes en , hace dos días el gremio médico llegó a un con el Gobierno. No obstante, el debería prestarle más atención a la situación crítica que todavía enfrenta. Los pacientes no pueden consultar una dolencia, recibir sus medicinas o realizarse una cirugía, y los enfermeros y obstetras siguen en huelga.

Han sido tres los principales reclamos presentados: un aumento en el presupuesto del sector, el pago de las deudas del SIS con los establecimientos de salud y el incremento de las remuneraciones para los profesionales de salud (que fue ofrecido hace dos años e incumplido).

A mi entender, sin embargo, existe un cuarto reclamo que es subyacente pero importante y que ha quedado pendiente: el malestar debido al trato dispensado por el Minsa (y en particular por la ministra Patricia García) a los profesionales del sector, sobre todo a los médicos.

Pero analicemos la situación. El presupuesto de S/13.700 millones para el sector Salud para el 2017 es menor al del año pasado. Ello a pesar de que el gobierno se comprometió a incrementarlo anualmente en un 0,5% del PBI; es decir, en alrededor de S/3.500 millones cada año (una promesa que no cumplió).

Allí radica el principal problema: el incumplimiento frente a una realidad conocida de carencias en el sector. Como resultado del quinquenio anterior, los servicios de salud ya se encontraban en una grave situación (sin insumos, con equipos inoperativos, escasez de medicinas y vacunas, una cadena de frío obsoleta, servicios de lavandería y cocina deteriorados, etc.). Esto debió ser detectado por el equipo de transferencia, pero se les pasó la paloma al no conocer bien el sector.

Sin un incremento en el presupuesto, la situación no tardó en reventar. Ahora estamos ante una precariedad del sistema solo comparable con la de inicios de la década de 1990.

Respecto al SIS, su gestión poco eficiente y con visos de severa corrupción (aún no resuelta) generó una deuda con los establecimientos de salud de alrededor de S/700 millones. Ello ha obligado a los pacientes a comprar sus propias medicinas, o que estén imposibilitados de operarse o someterse a un examen por imágenes (tomografías, resonancias, radiografías).

Por último, las remuneraciones para los profesionales de salud están muy por debajo de lo que fueron en la década de 1970 y en comparación con los países vecinos. Aquí, como en el caso de los maestros, se trata de una demanda histórica.

¿El acta de acuerdos firmada anteayer entre la Federación Médica Peruana, el Minsa y la PCM soluciona estos problemas? Al parecer, no. Satisfacer todo y a todos no será posible sin generar un desbalance en la caja fiscal. Aún quedan las enfermeras y obstetras.

La emergencia en los servicios de salud debió ser abordada por el Ejecutivo sin dilaciones pues se estaba perjudicando principalmente a los pacientes que no reciben una atención adecuada (pero también a los profesionales de salud que se ven limitados y frustrados al no poder brindarla).

En el acuerdo firmado se han dispuesto S/189 millones para mejorar la infraestructura y S/860 millones para la compra de medicamentos (lo que va a ser insuficiente). Además, se han destinado S/330 millones para cubrir la deuda del SIS (y se indica que se realizarán las medidas correspondientes para cancelar la diferencia en los siguientes meses del año).

¿Cuánto costaría realmente resolver estos problemas? A mi entender, aproximadamente S/2.000 millones para mejorar algo la infraestructura, comprar insumos y medicinas, renovar equipos y contratar recursos humanos, pero focalizándose mayormente en el primer nivel de atención.

Con el SIS habría que pagar aquella parte de la deuda que esté clara y auditada, no los partos de varones. ¿Y a cuánto ascendería esto? Aproximadamente a la mitad de la deuda: S/350 millones, que se aproxima a la cifra propuesta.

Por último, están las remuneraciones. Este sí es un tema más complejo. Son más de 50.000 profesionales en el sector y tal vez no sea posible realizar las mejoras salariales en este momento. Pero hay que llegar, como con los médicos, a un acuerdo con ellos. Es decir, mejoremos primero la situación de los servicios y hagamos un cronograma de incremento en la escala salarial a partir del 2018, pero esta vez con un compromiso de cumplirlo durante este gobierno.

No permitamos que la situación continúe, pues se perjudica especialmente a los más necesitados (ya que son ellos los principales usuarios del sistema público de salud). La población tiene derecho a la salud y el Estado la obligación de brindarla.