"Este 28 de julio será una fecha especial. Los peruanos no solamente celebraremos nuestro bicentenario, sino que también dispondremos de una nueva administración gubernamental que aún requerirá esclarecer el derrotero económico que transitaremos". (Ilustración: Giovanni Tazza)
"Este 28 de julio será una fecha especial. Los peruanos no solamente celebraremos nuestro bicentenario, sino que también dispondremos de una nueva administración gubernamental que aún requerirá esclarecer el derrotero económico que transitaremos". (Ilustración: Giovanni Tazza)
Juan José  Marthans

Este será una fecha especial. Los peruanos no solamente celebraremos nuestro bicentenario, sino que también dispondremos de una nueva administración gubernamental que aún requerirá esclarecer el derrotero que transitaremos. Frente a dicha tarea pendiente resulta útil explorar tres posibles escenarios para nuestra macroeconomía, aclarando que todos ellos consideran que los precios del cobre se mantendrán y que la crisis sanitaria no se acentuará de manera extrema.

En un primer escenario, al que llamaremos “aspiracional”, asumimos que el nuevo gobierno reafirma las bases de la orientación de política económica vigente en los últimos 30 años. Aunque ahora sí se buscará, ineludiblemente, reducir las innegables imperfecciones de mercado y las desigualdades sociales. Para ello promueve la inversión privada y la competencia, facilita consensos sobre los cuales desarrollar un plan nacional de infraestructura, reorganiza al Estado propiciando eficiencia, igualdad de oportunidades y gasto con contenido social. Todo esto garantizando una trayectoria fiscal creíble y responsable para el quinquenio.

En dicho entorno, presumiendo además que únicamente se suscitan modificaciones parciales al marco constitucional, nuestro PBI podría crecer alrededor de 10,5% el presente año y 5% el próximo. La inversión progresivamente se incrementaría por encima del 20% del PBI, impulsada por la actividad privada y complementada por la pública. La inflación se mantendría dentro del rango meta del 2%, el tipo de cambio volvería a un derrotero de 3,5 soles por dólar, nuestras RIN seguirían holgadas y la deuda pública no superaría el 40% del PBI. Finalmente, no se perdería nuestra actual calificación de riesgo soberano de BBB+.

En un segundo escenario, al que lo definiremos como “ruidoso”, asumimos que la nueva administración no logra los consensos necesarios, presenta demoras en la redefinición del tratamiento tributario al frente minero, afecta parcialmente la credibilidad del frente privado, no logra una mejora importante en la cosa pública, abre campo a los controles parciales de precios y subvenciones, no muestra una visión para encauzar la reducción de las brechas sociales y de infraestructura e insiste en reformas constitucionales fuera de la Ley. Es decir, en este escenario, presumimos que se descompone parcialmente el modelo económico, sin entrar a extremismos trasnochados.

En este segundo caso, nuestro PBI no crecería más del 7,5% este año y el próximo no más del 2%. El crecimiento promedio anual para el 2021-22 sería de 4,5%, es decir, perderíamos casi la mitad del crecimiento que alcanzaríamos en el escenario anterior. La inflación saldría algo del rango meta y el tipo de cambio fluctuaría alrededor de los 4 soles por dólar. Finalmente, la, como siempre, no conseguiría ni en magnitud ni en eficiencia reemplazar la merma de la dinámica de la privada. Esto complicaría nuestra trayectoria fiscal y podría llevar la deuda pública por encima del 40% del PBI. Seríamos degradados en nuestro riesgo soberano.

En un tercer escenario, al que llamaremos “desastroso”, asumimos que se experimenta un retroceso sustancial a la orientación de política económica. Se incrementa la presencia del Estado, las políticas de subvención y control de precios e importaciones se extienden irracionalmente, se rompe la confianza del empresariado y se activa una modificación integral de la Constitución vigente. Se inicia la ruptura de las bases de una economía de mercado.

En dicho contexto, sin duda, se experimentaría una rápida y significativa degradación en nuestra calificación soberana, y el crecimiento promedio anual para el período 2021-22 se reduciría a no más de 2%. Esto podría generar una recesión abierta el próximo año. Obviamente, la inversión privada se congelaría, nuestras RIN decrecerían aceleradamente, el desempleo se acentuaría de manera creciente, la inflación empezaría a descontrolarse y el tipo de cambio sería difícilmente estimable. Volveríamos al caos económico, social y político.

De los tres escenarios debe quedar claro que el crecimiento y estabilidad se deteriorarán mientras más nos alejemos del “aspiracional”. Esperemos no estar en ningún caso cercanos al tercer escenario, sería fatal para los más pobres.