Editorial El Comercio

La última vez que , titular de la Mesa Directiva del Parlamento, dio una entrevista a un medio periodístico, se dedicó a atacar a los profesionales del gremio. “Poco o nada me interesa lo que ellos digan; los periodistas no votan en el Congreso de la República”, declaró ante RTV El Diario de Cusco, un medio de su región natal, el 22 de agosto del 2023. Desde entonces, el presidente del Legislativo no ha dado una entrevista ni una conferencia de prensa, en un silencio que va camino de cumplir los 150 días.

Desde que Soto asumió el cargo, de hecho, solo ofreció una conferencia de prensa y dio tres entrevistas a medios independientes que alcanzaron repercusión nacional (sacamos del conteo al canal del Congreso, al que Soto gustosamente suele regalarle declaraciones, por obvias razones). La conferencia fue para dar respuesta ante los múltiples cuestionamientos que acumuló en tiempo récord tras ganar la elección a la Mesa Directiva el 26 de julio pasado y que hicieron a muchos pensar que terminaría renunciando al puesto. En cuanto a las entrevistas que trascendieron, hay que decir que todas ellas terminaron jugando en contra de sus intereses y proyectando una imagen de un titular del Parlamento intolerante a las críticas y poco apegado a la verdad.

De la mencionada entrevista con el medio cusqueño, quedaron retratadas sus arremetidas contra lo que él llamó “la prensa limeña”. Y de sus diálogos previos con Canal N y el programa “Punto final” de Latina Televisión, sus frases de que no se había beneficiado de la ley que acorta los plazos de la suspensión de la prescripción y de que había mantenido una “relación fugaz” con la madre de su hijo, cuya hermana trabajó durante dos años en su despacho legislativo. Ambas afirmaciones se mostraron falsas con el pasar de los días y, desde entonces, el congresista Soto no ha vuelto a pronunciarse ante un medio que no sea el del Parlamento.

Para variar, este Diario ha podido conocer por algunas fuentes que el legislador cusqueño suele evitar las cámaras y micrófonos de los reporteros cuando acude al Palacio Legislativo a propósito, utilizando una puerta lateral que lo conduce directamente a su oficina. Y que, cuando realiza actos en su región durante las semanas de representación, suele restringir el acceso de hombres y mujeres de prensa. Este Diario, por su parte, le ha formulado varios pedidos de entrevista que no han sido atendidos.

La situación, por supuesto, es grave. Los ciudadanos merecemos conocer la opinión del presidente del Congreso sobre temas que atañen a su gestión como, por ejemplo, los jugosos bonos que se aprobaron el año pasado para beneficiar a parlamentarios y a sus trabajadores, la aprobación de la ley que deforma la colaboración eficaz, los múltiples cuestionamientos sobre los legisladores Rosselli Amuruz y Waldemar Cerrón, compañeros de Soto en la Mesa Directiva, la gran cantidad de proyectos declarativos que ha presentado según “Correo”, entre otros. Esta semana, por ejemplo, habría sido interesante conocer lo que él tiene que decirnos respecto de que se haya aprobado las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, pese a que había dos pedidos de reconsideración que ni siquiera llegaron a votarse.

La postura adoptada por Soto, dicho sea de paso, no es extraña. La vimos antes en el expresidente Pedro Castillo –alérgico al escrutinio de la prensa y a cualquier estándar mínimo de transparencia– y la vemos en la actual mandataria, Dina Boluarte. El problema es que muchos políticos están confundidos si creen que atender o no las inquietudes de los medios es algo que pueden elegir. La verdad es que no. Los cargos que ostentan, precisamente por el impacto que sus decisiones tienen en la vida de millones de conciudadanos, exigen de ellos que rindan cuentas ante la población a través de los medios. Declarar a la prensa no es una cortesía, es un deber.

Ojalá que el presidente del Congreso recapacite, pues tiene muchas preguntas por responder, no solo por él, sino por el de toda la institución que preside, que está en mínimos históricos de aprobación.

Editorial de El Comercio