Editorial:No hay divorcio gratis

Un divorcio, como sabe todo aquel que lo haya vivido de cerca, es un proceso difícil. Además del costo personal y emocional que conlleva para las partes poner fin a un vínculo matrimonial, existe una serie de consecuencias económicas y sociales que hacen que un “divorcio amigable” sea, en muchos casos, apenas una plausible aspiración.

Y a esto, precisamente, es a lo que ahora apunta el Gobierno en relación con el contrato de concesión para la construcción del aeropuerto de Chinchero.

Como se sabe, el último domingo, el nuevo titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Bruno Giuffra, informó que se había llegado a un acuerdo con el concesionario Kuntur Wasi (KW) para resolver el contrato “por mutuo disenso”. Anticipándose a lo que podría venir, sin embargo, Giuffra dejó en claro que esta decisión traería consigo inevitables consecuencias, pues –afirmó– “gratis nadie se divorcia”.

Ciertamente, dada la maraña de implicancias políticas y legales que se habían tejido alrededor de un proyecto que había costado ya la salida de Martín Vizcarra del MTC, y un choque de altas proporciones con la contraloría y el Congreso, que el Ejecutivo haya llegado a un acuerdo con el concesionario para resolver el contrato de construcción del aeropuerto cusqueño no parece ser una mala noticia. Más aun, si se tiene en consideración que uno de los caminos por el cual parecía dirigirse el Gobierno cuando el ex ministro Vizcarra anunció que habían decidido unilateralmente “dejar sin efecto” el contrato –y que colocaba al Estado Peruano ad portas de un arbitraje en una posición muy precaria– parecía conducir a un desenlace nefasto, tanto económico como institucional. Una salida negociada, pues, siempre es preferible a “patear el tablero”.

Pero partir por reconocer los costos que todo el asunto del aeropuerto de Chinchero ha generado puede ser un buen punto de partida para no volver a incurrir en ellos.

En primer lugar, si bien ya no está presente el riesgo de una onerosa demanda en contra del Estado Peruano, la resolución supone reconocer y reembolsar los gastos e inversiones en los que KW ya había incurrido por el proyecto. Un monto que superaba los US$32 millones a febrero de este año, según calculó “Semana Económica”.

También existe un costo institucional, que es el daño reputacional que han recibido las asociaciones público-privadas (APP) y los proyectos de gran envergadura. Esta factura se empezó a escribir desde la administración nacionalista, debido a las imprecisiones del contrato original sobre el monto de interés que iba a tener que reembolsar el Estado al concesionario, y que dio pie a la adenda y a la conclusión que ya todos conocemos. Y, hay que decirlo también, sumaron a dicha cuenta congresistas como Víctor Andrés García Belaunde, Daniel Salaverry, Héctor Becerril, entre otros que lanzaron, sin sustento y sin empacho, acusaciones de corrupción y calificativos de “vende patria”, contribuyendo a la desconfianza ciudadana. Una responsabilidad compartida también por la contraloría y el penoso rol desempeñado con un informe que aparentaba estar más motivado por sesgos políticos y afanes de protagonismo.

Finalmente, el principal costo político lo tendrá que asumir un Gobierno que se mostró titubeante desde que llegaron las primeras objeciones a la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero, y que mostró una sorprendente capacidad para dar contramarchas, equivalente al daño que cada una de ellas fue ocasionando al propio Ejecutivo.

Todo divorcio deja profundos costos y también valiosas lecciones. Ya conocemos los primeros, esperamos que nuestras autoridades aprendan las segundas.