Dina Boluarte: las razones del juez para disponer allanamientos a su vivienda y despacho

El Ministerio Público y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) realizaron un allanamiento en la vivienda de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en Surquillo, y Palacio de Gobierno, en el marco de las pesquisas por el Caso Rolex. Ello por orden del juez supremo Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, según confirmó El Comercio.

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En Surquillo, la orden de allanamiento con fines de registro e incautación de los relojes de alta gama comprendió también el vehículo marca Honda registrado a su nombre. Cabe señalar que el juez Checkley declaró infundada la solicitud de la fiscalía para el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones, modalidad otras formas de comunicación.

Boluarte es investigada por el Ministerio Público por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos.

En la orden judicial, a la que tuvo acceso El Comercio, se mencionan diversos elementos de convicción presentados por la fiscalía, que fueron tomados en cuenta por el juez para dictar la medida.

Por ejemplo, está la declaración de Héctor Banchero Herrera, gerente general de Casa Banchero, el 25 de marzo, en la que señaló que el número de serie de un Rolex “es único” para cada uno de estos relojes y que para conocer la originalidad de un Rolex es necesario tener el reloj a la mano, porque se tiene que destapar, “procedimiento que solamente lo puede hacer un experto debidamente acreditado... utilizando herramientas especiales”.

La fiscalía también citó entre sus argumentos las veces que Boluarte y Adrianzén expresaron la voluntad de colaborar con las pesquisas.

No obstante, la jefa de Estado, a través de su abogado Mateo Castañeda, solicitó la reprogramación de las diligencias para la exhibición de los tres relojes Rolex y la declaración de la presidenta, los días 26 y 27 de marzo, respectivamente.

Además, se menciona que un equipo fiscal acudió a la casa de la presidenta en Surquillo, el pasado 27 de marzo, con el objetivo de que ella muestre los relojes de alta gama. Sin embargo, nadie les abrió la puerta.

El juez señala que el requerimiento se encuentra sustentado en elementos de convicción que ponen de manifiesto la existencia de “motivos razonables” para considerar la presencia de bienes presuntamente delictivos o cosas relevantes para la investigación.

“De los citados elementos de convicción se desprende la necesidad de las medidas solicitadas por cuanto existe una alta probabilidad que exista elementos de convicción relevantes o efectos de delito en los inmuebles y vehículo sobre los que se formuló el requerimiento, y que corren el riesgo de ser destruidos, extraviados o modificados, junto con otros posibles medios de prueba”, dice el documento del Poder Judicial.

A las 10:55 p.m. del viernes 29 de marzo representantes del Ministerio Público y agentes policiales de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) iniciaron el allanamiento en la vivienda de la presidenta Boluarte, ubicada en Surquillo.

La diligencia se prolongó por más de cinco horas en ese inmueble: concluyó minutos después de las cuatro de la mañana del sábado.

Según un video al que accedió El Comercio, los agentes de la Diviac, encabezados por el coronel PNP Harvey Colchado, tuvieron que romper la puerta de la vivienda de Boluarte la noche del viernes para poder llevar a cabo esta diligencia, al no obtener mayor respuesta.

El 18 de marzo, la Fiscalía de la Nación, a cargo de manera interina de Juan Carlos Villena, dispuso iniciar diligencias preliminares, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, contra la presidenta por el Caso Rolex. La jefa de Estado ha lucido en varias actividades oficiales estos accesorios de alta gama.

La Unidad de Investigación de El Comercio reveló el fin de semana pasado que la UIF había advertido que la presidenta Boluarte había recibido en sus cuentas S/1,1 millones de origen desconocido, entre agosto del 2016 y agosto del 2022, y sostiene que las operaciones registradas “podrían estar ligadas al delito de lavado de activos”.