Desde la asunción de Dina Boluarte a la presidencia, el gobierno ha tenido 22 bajas ministeriales. Esto coloca a la actual administración en el segundo mandato de las últimas tres décadas con mayor volatilidad en su primer año, tan solo superado por el período de Pedro Castillo, que removió a 40 titulares de carteras en ese mismo rango de tiempo.
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De los 22 ministros que salieron en lo que va de la gestión de Boluarte, 15 lo hicieron en contextos de crisis: siete en medio de las protestas ciudadanas contra el régimen entre diciembre del 2022 y enero del 2023, cuatro por cuestionamientos individuales, tres por presión política o gremial, y uno tras ser censurado por el Congreso.
Los sectores con más ministros cambiados fueron Interior, Educación y Trabajo. Desde el inicio de su mandato, la gestión Boluarte ha realizado 41 designaciones ministeriales, que incluyen a los 19 actualmente en el cargo. Esto implica que, en promedio, hubo una nueva designación ministerial cada nueve días.
Esta situación derivó en variantes en viceministerios, secretarías generales y direcciones de cada sector. En los 37 viceministerios hubo 40 funcionarios removidos, mientras que entre las 19 secretarías generales fueron retiradas 38 personas.
Solo en el caso de los viceministerios, los sectores de Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Cultura y Ambiente concentran el mayor número de rotaciones.
Panorama
Boluarte cierra el 2023 con una aprobación ciudadana de solo 9%, según la última encuesta de Datum. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, alcanza el mismo resultado.
En diálogo con El Comercio, el analista político y director de GFP, Jeffrey Radzinsky, sostuvo que el actual gobierno mantiene debilidades de comunicación y gestión, las cuales amplían progresivamente su ruptura con la ciudadanía. Además, dijo que la impopularidad del jefe del Gabinete es un punto crítico a destacar, pues sobre él suele recaer, en apariencia, el liderazgo del Ejecutivo.
“Dina Boluarte es una presidenta que no tiene cuadros políticos o técnicos, con pocas redes de contacto. En su carrera política trató de ser alcaldesa y congresista, y en ninguna elección alcanzó notoriedad. Alberto Otárola ha jugado ese rol de acercar un círculo de contactos, aunque limitado”, expresó.
Radzinsky agregó que, en lo que va del régimen, han pasado ministros con “continuos y serios desatinos en comunicación política”, lo que daría cuenta de cómo la rápida decadencia del gobierno desincentiva alianzas con técnicos de mayor formación en liderazgo político.
Subrayó casos como los de la extitular de Salud Rosa Gutiérrez, quien fue cuestionada por ofrecer prematuramente la erradicación de los contagios de dengue, o el actual ministro de Economía, Alex Contreras, que generó polémica por sugerir sustitutos del ceviche ante el encarecimiento del limón. “Hay una carencia muy grande de comunicación política, y eso es más estructural porque está muy poco profesionalizado en el Perú dentro de los cargos de alta dirección como estos”, señaló.
La politóloga Kathy Zegarra explicó que la volatilidad en los sectores del gobierno siempre representa “un duro golpe contra la burocracia especializada y las políticas públicas”. “Es complicado que estas últimas tengan una mirada de mediano o de largo plazo porque [un gobierno políticamente débil] siempre va a buscar la inmediatez en el apoyo ciudadano y en el Congreso para sobrevivir. Esto genera peores servicios y bienes estatales”, indicó Zegarra.
La especialista comentó también que la debilidad del gobierno, su poca capacidad de convocatoria y la subsecuente rotación de funcionarios inevitablemente deterioran al sector público. Esto, porque se abren las condiciones para el ingreso de personas poco calificadas profesionalmente o no idóneas desde el punto de vista de la función para el bien común.
Para la investigadora de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), Almendra Rodríguez, la permanente crisis de legitimidad y representación de Boluarte “puede exacerbar las divisiones políticas y sociales en el país, profundizar la desconfianza y promover la insatisfacción de la población con la democracia”. Explicó que “la debilidad del gobierno genera la percepción de falta de liderazgo y capacidad para resolver los problemas del país, tales como la inseguridad ciudadana o la corrupción”.
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