Thalía Cadenas
Thalía Cadenas

El congresista (Acción Popular) y sus compañeros de bancada Darwin Espinoza, Luis Aragón, Raúl Doroteo, Jorge Flores Ancachi y Elvis Vergara, sindicados como ‘Los Niños’, presentaron un proyecto que golpea seriamente el proceso de colaboración eficaz y representa una nueva ‘ley mordaza’ para los fiscales y la prensa.

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Se trata de la iniciativa 7348, que plantea modificar los artículos 472, 473, 475 y 476 del nuevo código procesal penal para, supuestamente, garantizar la reserva del proceso de colaboración eficaz y “optimizar su aplicabilidad”.

Cordero Jon Tay, investigado por la presunta trama de corrupción de Patricia Benavides, es el autor principal de la norma y sus nuevos compañeros de bancada suscriben la propuesta.

La iniciativa legislativa plantea que el fiscal a cargo de una investigación sea “responsable funcional de cualquier filtración que se realice” en el marco del proceso de colaboración eficaz.

Según el proyecto, si la información es filtrada, al fiscal se le deberá iniciar un procedimiento disciplinario de oficio, “sin perjuicio, de las responsabilidades administrativas y penales en las que incurra él o los servidores civiles a su cargo”.

La propuesta también busca que los fiscales establezcan un número máximo de colaboradores eficaces en su investigación y que se prohíba corroborar la declaración de un aspirante a colaboración eficaz con la de otros aspirantes.

Asimismo, propone que se modifique el artículo 158 del nuevo código procesal penal para que se establezca que “las publicaciones periodísticas carecen de valor probatorio por sí mismas, para que puedan ser valoradas requieren necesariamente de otras pruebas fiables y suficientes que corroboren sus contenidos”.

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Los legisladores justifican su propuesta alegando que la “filtración de información de la actividad fiscal puede conducir a la obstaculización de la investigación, divulgándose avances incompletos en los que se han propuesto juicios de valor imprecisos, inexactos y hasta estigmatizantes para el investigado”.

Como ejemplo, citan el caso de Bruno Pacheco. “En el caso de la investigación fiscal que se sigue al ex secretario presidencial Bruno Pacheco Castillo, quien se constituyó como aspirante a colaborador eficaz, observamos que se publicó en diversos medios de comunicación el sentido de sus declaraciones preliminares ante el Fiscal sin que haya existido ninguna corroboración, lo que conllevo a que diversos involucrados en esta presunta red criminal liderada por el expresidente Castillo terminen fugando o escapando de la justicia, y, con ello, truncando las investigaciones”, dice el documento.

Cabe precisar que, de acuerdo con el Ministerio Público, un colaborador eficaz es la persona sometida o no a una investigación que se presenta ante un fiscal o acepta la propuesta de este para proporcionar información útil, procurando obtener beneficios premiales. Esta figura ha servido en procesos importantes como el Caso ‘Lava Jato’.

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Peligros

En diálogo con El Comercio, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía, el exprocurador Antonio Maldonado, el abogado Roberto Pereira y Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), advirtieron que la norma es peligrosa y antitécnica. Asimismo, cuestionan que este proyecto haya sido presentado por congresistas implicados en investigaciones fiscales.

Andía consideró que la propuesta es un ataque a la colaboración eficaz y que va de la mano con la ley que fija plazos para concretar el proceso de colaboración eficaz, la cual está lista para su promulgación tras ser aprobada por insistencia por el Congreso en diciembre pasado.

Según el exviceministro, establecer la responsabilidad funcional de los fiscales en casos de filtración sería una forma de buscar controlar a los representantes del Ministerio Público.

A su criterio, este supuesto no debería ir dentro de una norma procesal sino en la ley orgánica del Ministerio Público o la ley de la carrera fiscal.

“Más allá de ello, lo que se busca es machacar responsabilidad a los fiscales, obviamente que esa es una forma de controlar, de mandar un mensaje a los fiscales de ‘no me importa de dónde se haya filtrado, tú vas a ser siempre el responsable’”, expresó.

Otro detalle que cuestionó Andía es que se pretenda limitar el número de colaboradores eficaces. Explicó que los fiscales deben tener “la oportunidad de contar con una abanico de oportunidades de acceso a información relevante que no podría obtener” sin esta figura.

Remarcó que la propuesta de los congresistas de AP ni siquiera establece con claridad el número de colaboradores con los que debe contar el fiscal.

Andía también cuestionó que se insiste en prohibir que la declaración de un colaborador se corrobore con el testimonio de otro colaborador. Ello a pesar de que eso “ya está prohibido”.

Finalmente, criticó que se pretenda modificar el artículo 158 del código penal. “El hecho de decir que [las publicaciones periodísticas] carecen de valor probatorio va en contra del proceso penal, le están poniendo una limitante al juez, que tiene una libertad de valoración de las pruebas absoluta, el juez no debe tener una limitando porque va a determinar la responsabilidad”.

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A su turno, Maldonado consideró un “descaro” que los congresistas de AP hayan presentado este proyecto de ley.

A su juicio, se trata de una propuesta “de propósito doloso, innecesario y antitécnico”. “Todo lo que pretenden corregir en su proyecto ya está establecido en el nuevo código procesal penal. Lo que en el fondo están planteando es un retorno al sistema procesal antiguo, de carácter inquisitivo, secreto, antidemocrático. Están planteando un regreso a las cavernas procesales”, dijo.

Añadió que se trata de “una expresión de amedrentamiento e intimidación al trabajo de los fiscales” y que la norma “vulnera el deber del Estado de garantizar la actuación imparcial de los fiscales frente a influencias, intimidaciones u hostilización”.

Asimismo, que “vulnera las directrices básicas sobre la función de los fiscales adoptadas por la Asamblea General de la ONU”.

“¿Quién les ha dicho a esos señores que tiene carácter excepcional? El fiscal puede recurrir a la colaboración tantas veces como crea necesario. Hay una desnaturalización de la colaboración eficaz. ¿Quiénes proponen esto? Lo peor del Congreso, los legisladores de AP, que están investigados por hechos gravísimos”, acotó el exprocurador.

Maldonado también cuestionó que se pretenda modificar el artículo 158 del nuevo código procesal penal. “Este punto específico vulnera el principio de libertad probatoria y pretenden los congresistas convertirse en jueces. Es una aberración jurídica absoluta. Es un atropello al modelo procesal vigente”, expresó.

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Por su parte, Roberto Pereira afirmó que la propuesta no solo representa una amenaza contra los fiscales sino también contra la prensa.

Señaló que la propuesta pone a los congresistas “en una situación delictiva porque están utilizando el poder congresal para emitir normas que impidan que la acción de la justicia pueda recaer sobre sus propios ilícitos”.

“En el fondo lo que quieren es que el público no conozca lo que se ha conocido en los últimos años a través de la prensa [...] Pone también en riesgo al periodista que eventualmente utiliza a esa información porque el periodista será llamado a declarar para intentar presionarlo para que revele la fuente. Genera un efecto de riesgo para el medio que divulga la información”, dijo.

“Es una norma inconveniente y peligrosa y en efecto no va a aportar nada. Al contrario, va a terminar criminalizando a los fiscales que políticamente sean incómodos a los congresistas y los van a denunciar penalmente y también va a amedrentar a la prensa que difunda el contenido”, concluyó.

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En tanto, Salazar Zimmermann consideró que el proyecto de ley es una “mordaza encubierta”.

“Lo más preocupante es lo referido al artículo referido a la responsabilidad funcional de los fiscales, que se refiere al principio de reserva [...] Esto es una especie de mordaza encubierta porque quien es responsable es el jefe del equipo, por tanto, se puede entender que habrá una suerte de mano de hierro para evitar cualquier tipo de filtración”, dijo.

“Los casos ‘Cuellos Blancos y ‘Lava Jato’ se han conocido por la ciudadanía gracias a que fueron filtrados sino viviríamos a oscuras”, agregó.

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Los congresistas de Acción Popular que firman la iniciativa tienen investigaciones fiscales en curso.

Luis Cordero Jon Tay
Autor principal
  • Investigado por la trama de corrupción de la exfiscal Patricia Benavides. Parlamentario es hermano de María Cordero Jon Tay, suspendida por el Caso ‘Mochasueldo’. Asimismo, fue vinculado en el caso de presunto espionaje promovido por el expresidente Pedro Castillo.
Autor principal
Darwin Espinoza
Coautor - Vocero de AP
  • Investigado por el Caso 'Los Niños'.
Coautor - Vocero de AP
Elvis Vergara
Coautor
  • Investigado por el Caso 'Los Niños'
Coautor
Jorge Flores Ancachi
Coautor
  • Investigado por el Caso ‘Los Niños’ y la trama de corrupción de la exfiscal Patricia Benavides. Además, afronta al menos tres procesos por presunta corrupción durante sus diversos cargos ocupados a lo largo de su carrera profesional.
Coautor
Raúl Doroteo
Coautor
  • Investigado por el Caso 'Los Niños'.
Coautor
Luis Aragón
Coautor, vocero alterno de AP
  • Investigado por el Caso ‘Los Niños’ y la trama de corrupción de la exfiscal Patricia Benavides.
Coautor, vocero alterno de AP
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Además…
Otros casos
  • En diciembre del 2023, el Congreso aprobó por insistencia una ley que golpea seriamente la colaboración eficaz. La norma estaría lista para ser promulgada en los próximos días a pesar de las observaciones del Poder Ejecutivo y las oposiciones manifestadas desde el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado. Ello debido a que el pasado 15 de marzo, la representación nacional rechazó reevaluar la aprobación de dicha iniciativa.
  • La ley establece un plazo de ocho meses para que el Ministerio Público concrete un proceso de colaboración eficaz; es decir, que logre la aprobación de un juez. El plazo de ocho meses que establecerá la ley cuando entre en vigor únicamente podrá ser ampliado “por causas justificadas” por cuatro meses y, en caso de crimen organizado, por otros ocho meses adicionales.
  • En febrero del 2024, Cordero Jon Tay (AP), investigado por la trama de corrupción de Patricia Benavides, presentó un proyecto de ley que propone considerar como “reservada” a toda aquella información que forma parte de las investigaciones preparatorias a cargo del Ministerio Público.
  • En mayo del 2023, el Parlamento aprobó, en primera votación, el proyecto de ley que planteaba modificar los códigos civil y penal para elevar las penas por los delitos de difamación y calumnia a través de medios de comunicación ('Ley Mordaza'). No obstante, un mes después, tras la ola de críticas de diversos gremios periodísticos, la representación nacional retrocedió y rechazó la norma en segunda votación.
  • Ese mismo mes, el Poder Ejecutivo promulgó la llamada 'Ley prescripción' o 'Ley impunidad', que modificó el plazo de suspensión de la prescripción de casos judiciales. La polémica norma salvó de sus procesos a Alejandro Soto, presidente del Parlamento, y Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular.

Revisa aquí el proyecto de ley:



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